La certificación energética en España


La certificación energética en España

Los certificados de eficiencia energética son de carácter obligatorio en España desde 2013, tras la aprobación del Real Decreto 235/213 para los edificios públicos con una superficie útil superior a 205 metros cuadrados y que habitualmente son frecuentados por el público, y las viviendas que se quieran vender o alquilar.  En este caso, la ley obliga a los propietarios a compartir el certificado energético con los potenciales arrendatarios o compradores de un inmueble. En caso de no tener el certificado energético, los propietarios serán sancionados.

Además, los propietarios de viviendas son los responsables de la creación y la actualización de los certificados energéticos, que tienen una vigencia de 10 años a partir del momento de su emisión. Para realizar estos trámites es necesario contactar con un técnico habilitado y registrar el documento en el organismo competente, que depende de cada comunidad autónoma.

La etiqueta de eficiencia energética debe estar siempre disponible en todos los edificios de titularidad privada que sean frecuentados habitualmente por el público, como los relacionados con las actividades comerciales.

Sin embargo, existen algunas excepciones. No se exige, por ejemplo, en los edificios protegidos por su valor histórico o arquitectónico, los utilizados como lugares de culto, los que tienen una superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados o aquellos que se usan menos de 16 semanas al año.

Los certificados de eficiencia energética tienen un objetivo principal: promover un mejor uso de la energía en los edificios. Algo que también se puede potenciar con la aplicación en el día a día de una serie de recomendaciones que contribuyen a reducir el coste energético de facturas como la de la luz, lo que incrementa el ahorro doméstico. “El consumo de energía en el sector de los edificios es significativo. Supone cerca del 30 % del consumo energético a nivel nacional y del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero”, explican desde el área técnica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Reducir estos porcentajes puede ayudar a cumplir el objetivo de cero emisiones, además de contar con una vivienda eficiente favorece también el ahorro económico, ya que reduce la cantidad de energía necesaria para aclimatarla u obtener agua caliente, por ejemplo.

“Una vivienda de alta calificación energética, como puede ser calificación A, puede implicar una reducción de consumo superior al 90% respecto a una vivienda de calificación G”, señalan desde IDAE. Esta cifra es significativa si tenemos en cuenta que actualmente el 31,2 % de los gastos anuales de las familias españolas se destinan a pagar vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

De acuerdo con datos de IDAE, solo el 0,27 % de los edificios en España cuentan con una calificación A. Más de la mitad (el 52,02 %) muestran la E en su certificado. La categoría más baja, por otro lado, engloba a casi el 18 % de los edificios. La tendencia, sin embargo, está mejorando. Si atendemos a los edificios de nueva construcción, las categorías A y B suman casi el 45 % del total, mientras que las tres últimas no alcanzan el 20 %.

Promover la construcción de viviendas basadas en criterios de eficiencia energética repercute no solo en el planeta, sino también en la economía doméstica de quienes vayan a comprar una casa que incorpora criterios sostenibles.

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